Desafíos para el mercado laboral

Como muchos otros países en la región, Costa Rica ha iniciado un proceso de transición demográfica caracterizado por una disminución en sus grupos demográficos más jóvenes.  Esta es una consecuencia de dos factores principales ( relacionados con las mejoras significativas en el sistema de salud): una disminución en la tasa de fertilidad y un incremento en la esperanza de vida.

El fenómeno descrito implica cambios significativos en la población económicamente activa (PEA); se estima que para el 2050, la pirámide del PAE será casi rectangular.

Dicho envejecimiento en esta población requiere la implementación de ciertas medidas preventivas, tanto para garantizar que los servicios de seguridad social podrán soportar estos cambios y que los empleos ofrecidos se ajustan a estos nuevos requisitos del mercado.

Una mayor esperanza de vida y mejores condiciones de envejecimiento han afectado el sistema de pensiones de seguridad social (CCSS), lo cual será aún más afectado por un número reducido de contribuyentes y un mayor número de pensionados. 

Por eso el sistema de la CCSS ya ha tomado medidas para auto-sustentarse, como aumentar la edad de jubilación  y la tasa de contribución, además de limitar el  el monto de pensión otorgado.  Adicionalmente, dado que hay varios sistemas de pensiones en el país, el Congreso ha discutido varios proyectos de ley que buscan simplificar las condiciones por medio de los diferentes sistemas y limitar los montos otorgados.

Estos cambios se han dado durante las últimas décadas; sin embargo, las autoridades de la CCSS siguen insistiendo en la necesidad de medidas adicionales.  Por ejemplo, la edad de jubilación se incrementó a 65, con un requisito de 300 cuotas (alrededor de 25 años), pero aún se está analizando la necesidad de elevar más esta edad (a 70 años). También, la tasa de contribución se ha elevado progresivamente e incluso se han considerado, pero no aprobado, las reducciones en el monto de pensión.

Actualmente, la CCSS otorga pensiones de aproximadamente 60% del salario promedio de los últimos 20 años de trabajo (hasta un máximo de aproximadamente US$2,500). Dado que el monto reconocido por la CCSS no equivale al 100% del ingreso que solían recibir, los ciudadanos con edad de pensionarse empiezan a reconsiderar la jubilación y optan por quedarse más tiempo en sus trabajos para asegurar ambos ingresos (es decir, su salario y su pensión).  Lo anterior también afecta a la población más joven, que lucha por encontrar un trabajo, dado que hay menos posiciones disponibles.

Bajo este contexto, las compañías cometen algunos errores comunes cuando tratan con una fuerza laboral que envejece.  Por ejemplo, cuando un empleador contrata a un empleado que ya está jubilado y recibe una pensión, la tendencia es que el contrato sea el de  un contratista independiente y no un empleado de la compañía (con el fin de bajar algunos costos). Sin embargo, la persona presta sus servicios bajo una relación subordinada (que implica tener un horario y un pago fijo y periódico, entre otras características), probablemente será considerado como un empleado por las autoridades locales.  Entonces el empleador estará obligado a reconocer todos los beneficios relacionados con una relación laboral, por ejemplo: vacaciones, aguinaldo, contribuciones a seguridad social, más multas e intereses.

También, cuando un empleado ya cumple con los requisitos para retirarse, algunas compañías esperan que lo haga.  No obstante, esta es una decisión personal y el empleador no puede interferir o ponerle plazos al empleado.  Instar a los empleados a retirarse se puede considerar como una discriminación por motivos de edad.

Para evitar estos reclamos, es importante que la compañía tenga una razón objetiva para  al despedir al empleado que esté cerca de jubilarse, en caso que desee hacerlo.  Como empleadores, las compañías necesitan políticas internas claras que regulen todos estos asuntos y que informen debidamente a su personal con el fin de evitar cualquier acción que pueda percibirse como discriminatoria.


Por: Laura Navarrete Hernández| Gerente Trabajo y Empleo EY Law Costa Rica